¿Qué funciones realiza un asesor jurídico?

Las funciones de un asesor jurídico para las empresas o particulares son varias. ¡Conoce cuáles son los principales aspectos en los que te pueden ayudar!

Las principales funciones de un asesor jurídico

Los asesores jurídicos son profesionales con formación en Derecho que pueden aconsejar a profesionales y particulares. ¿Cuáles son las principales vertientes de esta función? Destacamos las más importantes:

Asesoramiento para la constitución de la empresa

La elección de la fórmula jurídica adecuada es fundamental para iniciar un negocio. Por eso, un asesor te puede ayudar a decidirte por una Sociedad Limitada, Sociedad Anónima, Sociedad Civil, Colectiva, en Comandita o Cooperativa, en función de las características de tu negocio y situación inicial.

En segundo lugar, un asesor legal se encargará de redactar los Estatutos de la sociedad. Además, también puede redactar las Escrituras para que todo esté listo en el momento de ir al notario. Este trabajo es fundamental para evitar confusiones que puedan traer problemas en el futuro.

Finalmente, un asesor jurídico te indica qué pasos legales has de dar. Por ejemplo, si te corresponde ir a la Seguridad Social, al Registro Mercantil, a la Agencia Tributaria, a tu ayuntamiento y, lo que es más importante, el cuándo.

Apoyo y representación jurídica a empresas

Las empresas necesitan realizar con frecuencia consultas jurídicas relacionadas con su actividad, tanto en el ámbito mercantil como laboral. Un asesor jurídico se encarga de dar respuesta a estas consultas para minimizar riesgos.

La labor de representación jurídica es otra de las actividades que realiza un asesor. En casos de reclamaciones, despidos o impagos contarás con un especialista que defenderá tus intereses.

Asesoramiento en Derecho Civil

El asesoramiento en Derecho Civil es otra de las cuestiones clave, tanto para particulares como para empresas.

El Derecho Civil afecta en varios ámbitos, como la compraventa, las relaciones familiares y las herencias. Por lo tanto, la totalidad de los ciudadanos se ven afectados por sus disposiciones de una u otra manera. Es normal, pues, que puedas necesitar realizar una consulta.

El asesor jurídico toma como referencia el Código Civil general, pero también el Derecho Foral existente en varias autonomías (entre ellas Cataluña) que es prevalente en estas.

Asesoramiento en Protección de Datos

La normativa en Protección de Datos tiene una gran importancia por su carácter vinculante y por las sanciones por incumplimiento. Es por ello que contar con una asesoría jurídica es central.

Cualquier persona que realice una actividad profesional que tenga un registro ha de contar con un Delegado de Protección de Datos (DPO). Y, además, ha de cumplir con una serie de normas para no exponerse a sanciones. El Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) es el texto normativo de referencia.

La función del asesor legal es, en este caso, proporcionar las pautas para evitar problemas futuros.

Conclusión

Las funciones de un asesor jurídico, como puedes ver, son varias en ámbitos diversos. ¿Eres empresa o particular y necesitas realizar una consulta? En IF Assessors contamos con un equipo de asesores jurídicos que te puede ayudar. ¡Contáctanos!

3 tips para que tu empresa pueda sobrevivir a la COVID-19

La pandemia de covid-19, lleva en nuestras vidas más de un año. Eso ha provocado que hablemos de ella y de sus consecuencias casi con familiaridad. Te habrás preguntado a menudo, ¿podrá mi empresa sobrevivir a la COVID-19? La aparición del coronavirus ha tenido un fortísimo impacto en la economía. No hablamos únicamente de la economía a nivel local y en las pequeñas empresas. Estamos hablando de algo tan importante como la economía a nivel mundial.

Nuestro objetivo en este post es ayudarte a ti, al empresario, a salvar tu empresa. Es necesario, para que tu empresa supere con éxito la pandemia de covid-19, fortalecer tu negocio para resultar ganador en esta batalla contra el virus. Es muy importante adaptarse a los nuevos tiempos. Hay que cambiar para, de esta manera, conseguir que tu empresa sobreviva a la COVID-19. Tu empresa tendrá que aprender a ser innovadora, porque 2021 va a ser, como ya fue 2020, un año único.

Dispón de una financiación y un presupuesto correctos

  • Como empresario, sabes perfectamente que el presupuesto de tu empresa tiene que contemplar todos los departamentos de tu empresa. Tu presupuesto debe tener en cuenta, de manera totalmente realista, qué importes destinar a marketing y comunicación, a salarios de empleados, a adquisición de activos… Disponer de un presupuesto realista ayudará muchísimo a que tu empresa pueda seguir funcionando sin problemas. Es importante que tu empresa cuente con un buen profesional a cargo del presupuesto de tu empresa.
  • Tanto si tu empresa tiene menos de 10 trabajadores como si tiene más de 50, sabes de la importancia del presupuesto anual. El presupuesto debe ser la hoja de ruta de tu empresa. Si dispones de un presupuesto realista, la salud financiera de tu empresa correrá menos riesgos.

Sé una presencia constante para tus clientes

  • Tu empresa trabaja, seguramente, de lunes a viernes. Tal vez, ofrece sus servicios también en sábado. Pero recuerda: el domingo también hay que hacer acciones de marketing. También en días festivos. El cliente, o potencial cliente, es más activo el día que no trabaja.
  • Si tu empresa está notando los efectos negativos de la COVID-19, no retires todo el dinero que destinas a marketing. Reduce el presupuesto destinado a marketing de manera provisional. No olvides que, en un momento en que el cliente ha reducido su movilidad física, se siente conectado a tu negocio a través de tu página web o de tus redes sociales.
  • No te preocupes si toda acción de marketing no se traduce en una venta inmediata. No olvides que lo importante es hacer que tu empresa llegue a ser conocida. Piensa que es crucial que los hipotéticos clientes se familiaricen con tu empresa, con los servicios que ofreces, con tu filosofía. A más o menos tardar, pasarán de potencial cliente, a cliente real.
  • Somos conscientes que, como empresario, tendrás impaciencia en conseguir nuevos clientes y, así, aumentar tus ingresos. Pero no olvides a tus clientes actuales. Tus clientes fieles son los mejores embajadores de tu marca.

¡Adáptate a cualquier situación!

  • Para conseguir que tu empresa sobreviva a la crisis de la COVID-19, tienes que ser flexible. Debemos tener claro que la pandemia nos ha traído restricciones que actualmente están en vigor, pero que van a ser habituales durante bastante tiempo.
  • Las necesidades del mercado han cambiado. Los hábitos de compra de los clientes han cambiado drásticamente. Es básico que tu empresa potencie su presencia virtual para acercarse a sus clientes, a los ya fidelizados y a los nuevos.

Esperamos que este post destinado a guiarte para que tu empresa pueda sobrevivir a la crisis de covid-19 te haya ayudado. De todas maneras, no olvides que nuestros asesores están a tu disposición para cualquier duda que te pueda surgir. Esta pandemia nos ha cambiado la vida, ¡pero lograremos vencerla!

Luz verde para la Directiva Europea de Protección del Denunciante.

La Unión Europea (UE) protege ya los empleados que denuncien prácticas irregulares dentro de su propia empresa. Una nueva normativa comunitaria obligará a las compañías a incorporar canales de denuncia que garanticen el anonimato de los confidentes. Exigirá, además, que las empresas adecúen a esta reciente legislación europea sus procesos de investigación interna en materia laboral y de cumplimiento normativo.

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión ha sido publicada el pasado 26 de noviembre en el DOUE, con el objetivo de buscar nuevos canales eficientes contra la delincuencia y la corrupción.

Como establece el considerando (1) de la norma, las personas que trabajan para una organización pública o privada o están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales son a menudo las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público que surgen en ese contexto. Al informar sobre infracciones del Derecho de la Unión que son perjudiciales para el interés público, dichas personas actúan como denunciantes (en inglés coloquialmente whistleblowers) y por ello desempeñan un papel clave a la hora de descubrir y prevenir esas infracciones y de proteger el bienestar de la sociedad. Sin embargo, los denunciantes potenciales suelen renunciar a informar sobre sus preocupaciones o sospechas por temor a represalias. En este contexto, es cada vez mayor el reconocimiento, a escala tanto de la Unión como internacional, de la importancia de prestar una protección equilibrada y efectiva a los denunciantes.
Entre las novedades del texto europeo, encontraremos:

– Se aplicará sobre determinadas infracciones como, las relativas a contratación pública, mercados financieros, seguridad sanitaria e intimidad personal.

– La obligación de existencia de un canal interno de denuncias será obligatorio para las entidades públicas, pero también alcanzará a las empresas privadas con 50 o más personas trabajadoras.

– Las líneas de denuncia han de cumplir requisitos como: Garantías de confidencialidad y tramitación diligente; acuse de recibo; el establecimiento de unos plazos concretos y razonables; o.la designación de personas imparciales para tramitar las denuncias.

– Agotados los cauces internos se procederá a emplear los externos.

– Se otorga protección a las personas que realicen revelaciones públicas siempre que la infracción puede suponer un peligro para el interés público, inminente o manifiesto, o exista riesgo de represalias o pocas probabilidades de que se solucione la infracción si se emplean medios externos convencionales.

– Se establece un catálogo de represalias prohibidas, que incluyen amenazas, despidos, degradaciones, discriminación, daños a la reputación, etc.

¿A quién afecta la obligación de establecimiento de canales de denuncia interna?

En virtud del artículo 8 de la norma, la necesidad de un canal interno de denuncias y seguimiento de los mismos afectará tanto al sector privado como público, previa consulta a los interlocutores sociales y de acuerdo con ellos cuando así lo establezca el Derecho nacional.

Esta necesidad se aplicará:

1.- A las entidades jurídicas del sector privado que tengan 50 o más trabajadores. Las entidades jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores podrán compartir recursos para la recepción de denuncias y toda investigación que deba llevarse a cabo. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las obligaciones impuestas a dichas entidades por la presente Directiva de mantener la confidencialidad, de dar respuesta al denunciante, y de tratar la infracción denunciada.

2.- A todas las entidades jurídicas del sector público, incluidas las entidades que sean propiedad o estén sujetas al control de dichas entidades.
En este punto se fija que los Estados miembros podrán eximir de la obligación a los municipios de menos de 10 000 habitantes o con menos de 50 trabajadores, u otras entidades mencionadas en el párrafo primero del presente apartado con menos de 50 trabajadores, del mismo modo, los Estados miembros podrán prever que varios municipios puedan compartir los canales de denuncia interna o que estos sean gestionados por autoridades municipales conjuntas de conformidad con el Derecho nacional, siempre que los canales de denuncia interna compartidos estén diferenciados y sean autónomos respecto de los correspondientes canales de denuncia externa.

¿A quién se pretende proteger?

Por denunciante ha de entenderse una persona física que comunica o revela públicamente información sobre infracciones obtenida en el contexto de sus actividades laborales.

La nueva Directiva se aplicará a los denunciantes que trabajen en el sector privado o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral, incluyendo, como mínimo, a:

a) las personas que tengan la condición de trabajadores
en el sentido del artículo 45, apartado 1, del TFUE, incluidos los funcionarios;

b) las personas que tengan la condición de trabajadores no asalariados
, en el sentido del artículo 49 del TFUE;

c) los accionistas y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos, así como los voluntarios y los trabajadores en prácticas que perciben o no una remuneración
;

d) cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.

Como vemos, y atendiendo al considerando (39), la protección debe extenderse también a otras categorías de personas físicas que, sin ser «trabajadores» (art. 45.1 TFUE), puedan desempeñar un papel clave a la hora de denunciar infracciones del Derecho de la Unión y que puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica en el contexto de sus actividades laborales. Por ejemplo, en lo que respecta a la seguridad de los productos, los proveedores están mucho más cerca de la fuente de información sobre posibles prácticas abusivas e ilícitas de fabricación, importación o distribución de productos inseguros; y respecto de la ejecución de los fondos de la Unión, los consultores que prestan sus servicios se encuentran en una posición privilegiada para llamar la atención sobre las infracciones que presencien. Dichas categorías de personas, que incluyen a los trabajadores que prestan servicios por cuenta propia, los profesionales autónomos, los contratistas, subcontratistas y proveedores, suelen ser objeto de represalias, que pueden adoptar la forma, por ejemplo, de finalización anticipada o anulación de un contrato de servicios, una licencia o un permiso, de pérdidas de negocios o de ingresos, coacciones, intimidaciones o acoso, inclusión en listas negras o boicot a empresas o daño a su reputación. Los accionistas y quienes ocupan puestos directivos también pueden sufrir represalias, por ejemplo, en términos financieros o en forma de intimidación o acoso, inclusión en listas negras o daño a su reputación. Debe concederse también protección a las personas cuya relación laboral haya terminado y a los aspirantes a un empleo o a personas que buscan prestar servicios en una organización que obtengan información sobre infracciones durante el proceso de contratación u otra fase de negociación precontractual y puedan sufrir represalias, por ejemplo, en forma de referencias de trabajo negativas, inclusión en listas negras o boicot a su actividad empresarial.

Completando el ámbito de aplicación personal de la norma, su art. 4, amplían la aplicación de norma a los denunciantes cuya relación laboral todavía no haya comenzado, en los casos en que la información sobre infracciones haya sido obtenida durante el proceso de selección o de negociación precontractual.


Entrada en vigor

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva (UE) 2019/1937 a más tardar el 17 de diciembre de 2021.

No obstante, para las entidades jurídicas del sector privado que tengan de 50 a 249 trabajadores, los Estados miembros pondrán en vigor, a más tardar el 17 de diciembre de 2023.

Nueva normativa de alquiler de viviendas. Real Decreto-Ley sobre medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

El alquiler de vivienda tiene nueva normativa. El gobierno ha aprobado un Real Decreto para regular este mercado, con importantes novedades que resumimos en sus puntos más destacados.

No es la primera vez que el gobierno de modifica el mercado de los alquileres de vivienda. Ya lo hizo el pasado mes de diciembre, con otro Real Decreto que el Congreso rechazó, al no contar con el apoyo de otros grupos parlamentarios.

Las novedades más destacadas del nuevo Real Decreto de alquiler de vivienda son:

1. Se amplía la duración del contrato de alquiler, con prórroga obligatoria de hasta 5 años cuando el arrendador (propietario) sea una persona física, o 7 años si es una empresa o sociedad. En este momento, la prórroga obligatoria tan solo alcanza 3 años.

2. Habrá un mecanismo más eficaz para coordinar actuaciones para que en caso de desahucio las personas afectadas cuenten con la intervención de los servicios sociales.  Para ello, se podrán paralizar durante un mes si el arrendador es persona física, o tres meses si es persona jurídica.

3. En caso de fallecimiento del titular del contrato de alquiler, el arrendamiento se subrogará obligatoriamente al resto de inquilinos de la vivienda cuando haya personas en situación de vulnerabilidad (personas con discapacidad, menores de edad o mayores de 65 años).

4. Los alquileres turísticos (tipo Airbnb) quedan fuera de esta normativa estatal y se permite su regulación por parte de las Comunidades Autónomas.  Las comunidades de propietarios también podrán limitar por mayoría cualificada de los propietarios estos usos y/o establecer cuotas de pago de gastos comunes hasta un 20% mayores.

5. La subida del precio del alquiler, durante la vigencia de los contratos, no podrá superar las subidas del IPC (Índice de Precios al Consumo).

6. Se limita a dos meses de renta como máximo las garantías adicionales a la fianza (un mes), salvo que se trate de contratos de larga duración.

7. El comprador de una vivienda en alquiler debe respetar el contrato vigente con el inquilino, aunque no se haya cumplido con la formalidad de inscribir este contrato en el Registro de la Propiedad.

8. Cuando el arrendador sea una persona jurídica (empresa, sociedad), correrán a su cargo los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.

9. Plazo de preaviso: Se aumenta también a dos meses el plazo de preaviso previsto para no renovar el contrato para el inquilino y a cuatro meses para el arrendador.

10. Se permite a los Ayuntamientos la posibilidad de establecer una bonificación de hasta el 95% en la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado.

11.
Se creará un Índice estatal de referencia del alquiler de viviendas, para que sea utilizado por parte de las Comunidades Autónomas para sus políticas de incentivos a la vivienda. Por el momento, no se considera que mediante este mecanismo se pueda regular por ley el establecimiento de un precio máximo de los alquileres.

Los bancos deberán entregar a las pymes y los autónomos un documento llamado “Información Financiera-Pyme”

Desde el 11 de octubre de 2016, cuando las entidades decidan cancelar o reducir el flujo de financiación a sus clientes pymes y autónomos, además de informarles con un preaviso de tres meses, les tendrán que hacer entrega de una extensa información sobre su situación financiera e historial de pagos en un documento llamado “Información Financiera-PYME”. En dicho documento el banco debe mostrar el historial de pagos de los últimos cinco años (créditos históricos y vigentes, importes pendientes de amortización, impagos…), así como un extracto de los movimientos realizados el último año. También debe calificar el riesgo de la empresa (bajo, medio-bajo, alto…) teniendo en cuenta sus estados financieros, su historial de pagos.

CLÁUSULA SUELO

Los Juzgados y Tribunales están dando la razón de manera cada vez más mayoritaria a los consumidores que tengan incorporados en sus contratos hipotecarios con entidades financieras “cláusulas suelo”, al considerar que las entidades bancarias no ofrecieron a sus clientes la necesaria transparencia a fin de que éstos estuvieran oportunamente informados de la trascendencia de las cláusulas que firmaban.

 ¿Cómo saber si tengo una cláusula suelo en mi hipoteca? En la escritura de préstamo hipotecario podrá identificar si en el momento de regular el interés variable del mismo el banco impuso un límite mínimo a aplicar. Si no tiene la certeza de que su contrato incluya una cláusula suelo nosotros revisaremos la escritura de préstamo hipotecario sin coste alguno.

¿Qué debo reclamar al banco? Nuestro consejo es que no acepte ningún acuerdo con su entidad bancaria que no implique tanto la supresión de la aplicación de la cláusula suelo como la devolución de las cantidades pagadas demás. En caso que su banco se niegue a ello interpondremos una demanda a fin de que la autoridad judicial obligue a la entidad bancaria a suprimir la cláusula suelo, reintegrarle las cantidades pagadas de más así como todos los gastos que la reclamación le haya ocasionado.

Si el titular de la hipoteca es una empresa ¿también puedo reclamar? Sí. Los Juzgados y Tribunales están avalando con sus sentencias que si bien las empresas no entran dentro de la protección de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, las empresas también tendrán derecho a reclamar cuando el Banco haya actuado sin observar la debida transparencia a la que estaba obligado.

Para más información no dude en contactarnos, nuestra misión es defender sus intereses ante los eventuales perjuicios ocasionados por la mala praxis bancaria que de forma generalizada han venido sufriendo los clientes de las entidades de crédito.