¿Tu empresa está en crisis?

La pregunta de si tu empresa está en crisis es clave para entender cuál es la situación de partida. ¿Quieres conocer lo que pasa? Sigue leyendo.

Claves para saber si tu empresa está en crisis

La mayoría de los autónomos y pequeños empresarios toman nota de algunas variables para ver si el negocio va bien. Las siguientes medidas permiten tener una idea, aunque conviene considerar que hay que ponderar los distintos factores, la idiosincrasia de tu sector de actividad y que, además, el entorno externo también influye.

1. Caída de ingresos

La caída de ingresos es uno de los principales problemas que dan una idea de problemas. Si esta caída es sostenida en el tiempo (más de un año) y no está relacionada con el ciclo económico, deberías preocuparte. A fin de cuentas, es muy difícil la viabilidad de un negocio que venda menos.

2. Problemas para pagar a corto plazo

Las tensiones de tesorería son otro de los síntomas claros de problemas. No poder atender a tiempo las obligaciones crediticias o con proveedores es un problema grande porque limita el acceso a más financiación en un futuro. La realidad es que una tesorería saneada ha de contar con un remanente para hacer frente a pequeños imprevistos.

3. Financiación con circulante de operaciones a largo plazo

El circulante tiene que servir, básicamente, para los pagos a corto plazo. Si tienes que utilizar constantemente tu circulante para pagar préstamos o hipotecas es porque no tienes ahorros. Y esto, a medio plazo, generará un desequilibrio en la empresa.

4. Financiación no convencional

La financiación convencional es la bancaria y, aunque el contexto económico influye, y mucho, no poder financiarte por ese medio es un síntoma de problemas económicos. Es común que las empresas con problemas tengan que financiarse con patrimonio de los socios o con préstamos en empresas fintech, con intereses más altos.

5. Hipotecas de patrimonio de la empresa

El crédito está asociado a la confianza y a las expectativas que la entidad tenga en tu negocio. Es posible que tengas una parte del patrimonio de la empresa hipotecado para pagar un préstamo; ahora bien, si esto sucede con todo, deberías tener cuidado.  Una empresa saneada es aquella que no tiene patrimonio hipotecado o que tiene muy poco.

6. Los beneficios de venta no cubren los costes fijos

Los beneficios unitarios por las ventas tienen que cubrir los costes fijos. ¿Qué sucede en caso de que no se cubran? Que estás, también, ante un problema estructural que deberías solucionar. Esto puede suceder por un exceso de costes fijos o por un margen de beneficio demasiado reducido.

7. Ratio de endeudamiento alta

Las ratios de endeudamiento general dan una idea del estado de tu empresa. Y qué duda cabe que una ratio anormalmente alta es un indicador de problemas o mala salud. Por regla general, deberías preocuparte si tu ratio es superior a 0,60.

Conclusión

Conocer si tu empresa está en crisis es esencial para tomar decisiones a tiempo. En IF Assessors contamos con un equipo de profesionales multidisciplinar especializado en asesorar a empresas en crisis.

La COVID-19 refuerza la figura del Controller Financiero

La pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias ha enfrentado a los directores financieros (CFO) a un desafío sin precedentes. Además, esta crisis presenta variaciones día tras día. Por tanto, el Controller Financiero se convertirá en un líder empático con una alta capacidad de adaptación. La crisis de covid-19 hace resurgir esta figura como alguien capacitado para facilitar la transición de la “nueva normalidad” y, en consecuencia, a emerger más fuertes en la “próxima normalidad”. En este post, detallaremos cómo la COVID-19 ha reforzado la figura del CFO.

Prever y modelar los hipotéticos escenarios

La pandemia mundial de la COVID-19 hace que nuestro futuro no esté del todo claro. ¿Nos restringirá esta crisis nuestra calidad de vida durante unos pocos meses más? ¿O estos problemas económicos y de salud se van a alargar durante años? En esta situación que vivimos, seguir actuando como hasta antes de la pandemia puede ser un grave error

El Controller Financiero deberá planificar diferentes escenarios. Así, podrá utilizarlos para construir modelos de predicción y pronósticos para evaluar el impacto potencial de la pandemia y diferentes actuaciones. El CFO se convierte en figura clave para tu empresa, ya que se adelantará a las incertidumbres. Ese adelanto le permitirá desarrollar planes de acción para posicionar a su equipo, orientándolo hacia los resultados buscados. También podrá modificar las decisiones estratégicas y financieras, adaptándose en todo momento a las circunstancias concretas.  

Elaborar informes financieros

Los informes financieros precisos son un pilar fundamental para tomar las decisiones que dirigen tu negocio. En la actualidad, la incertidumbre y el miedo a los que se enfrentan las empresas sobre las perspectivas económicas futuras tendrán implicaciones importantes. El CFO deberá evaluar la capacidad de la empresa para que esta continúe como una empresa en funcionamiento.

Para conseguir este fin, comunicarse de una manera eficaz es básico. Por tanto, los informes financieros del CFO explicarán las estimaciones a través de manera clara.

Gestionar el talento

La irrupción de la COVID-19 ha provocado que la mayoría de las empresas hayan optado, cuando ha sido posible, por el teletrabajo. Esta variante de trabajo se ha convertido en uno de los cambios culturales más importantes de nuestra vida. 

Otra de las virtudes del CFO será gestionar y cuidar al equipo humano de la empresa. Pero, ¿cómo gestionar a tu equipo cuando sus miembros trabajan fuera de la sede de la empresa? ¿Qué hacer si un trabajador que teletrabaja se pone enfermo? ¿O si tiene que cuidar a un familiar? El CFO deberá lidiar con estos nuevos problemas y retos. Lo principal para el Controller Financiero es conseguir que el equipo que trabaja en remoto siga comprometido con el objetivo de la empresa. Que los miembros de la plantilla reflejan la filosofía de la institución para la que trabajan.

La COVID-19 ha transformado nuestro mundo, nuestro día a día y los negocios. La primera consecuencia ha sido, por supuesto, negativa. Pero, como pasa siempre, después de la tormenta viene la calma. Por tanto, el CFO de tu empresa debe aprovechar la crisis ocasionada por el coronavirus. Esta es una oportunidad única para empezar desde cero, planificando una gestión financiera más sólida y haciendo que tu empresa crezca en medio de la adversidad.

Recuerda que en IF Assessors tienes a tu disposición un equipo de asesores especializados, que te ayudarán en cualquier duda que puedas tener.

3 tips para que tu empresa pueda sobrevivir a la COVID-19

La pandemia de covid-19, lleva en nuestras vidas más de un año. Eso ha provocado que hablemos de ella y de sus consecuencias casi con familiaridad. Te habrás preguntado a menudo, ¿podrá mi empresa sobrevivir a la COVID-19? La aparición del coronavirus ha tenido un fortísimo impacto en la economía. No hablamos únicamente de la economía a nivel local y en las pequeñas empresas. Estamos hablando de algo tan importante como la economía a nivel mundial.

Nuestro objetivo en este post es ayudarte a ti, al empresario, a salvar tu empresa. Es necesario, para que tu empresa supere con éxito la pandemia de covid-19, fortalecer tu negocio para resultar ganador en esta batalla contra el virus. Es muy importante adaptarse a los nuevos tiempos. Hay que cambiar para, de esta manera, conseguir que tu empresa sobreviva a la COVID-19. Tu empresa tendrá que aprender a ser innovadora, porque 2021 va a ser, como ya fue 2020, un año único.

Dispón de una financiación y un presupuesto correctos

  • Como empresario, sabes perfectamente que el presupuesto de tu empresa tiene que contemplar todos los departamentos de tu empresa. Tu presupuesto debe tener en cuenta, de manera totalmente realista, qué importes destinar a marketing y comunicación, a salarios de empleados, a adquisición de activos… Disponer de un presupuesto realista ayudará muchísimo a que tu empresa pueda seguir funcionando sin problemas. Es importante que tu empresa cuente con un buen profesional a cargo del presupuesto de tu empresa.
  • Tanto si tu empresa tiene menos de 10 trabajadores como si tiene más de 50, sabes de la importancia del presupuesto anual. El presupuesto debe ser la hoja de ruta de tu empresa. Si dispones de un presupuesto realista, la salud financiera de tu empresa correrá menos riesgos.

Sé una presencia constante para tus clientes

  • Tu empresa trabaja, seguramente, de lunes a viernes. Tal vez, ofrece sus servicios también en sábado. Pero recuerda: el domingo también hay que hacer acciones de marketing. También en días festivos. El cliente, o potencial cliente, es más activo el día que no trabaja.
  • Si tu empresa está notando los efectos negativos de la COVID-19, no retires todo el dinero que destinas a marketing. Reduce el presupuesto destinado a marketing de manera provisional. No olvides que, en un momento en que el cliente ha reducido su movilidad física, se siente conectado a tu negocio a través de tu página web o de tus redes sociales.
  • No te preocupes si toda acción de marketing no se traduce en una venta inmediata. No olvides que lo importante es hacer que tu empresa llegue a ser conocida. Piensa que es crucial que los hipotéticos clientes se familiaricen con tu empresa, con los servicios que ofreces, con tu filosofía. A más o menos tardar, pasarán de potencial cliente, a cliente real.
  • Somos conscientes que, como empresario, tendrás impaciencia en conseguir nuevos clientes y, así, aumentar tus ingresos. Pero no olvides a tus clientes actuales. Tus clientes fieles son los mejores embajadores de tu marca.

¡Adáptate a cualquier situación!

  • Para conseguir que tu empresa sobreviva a la crisis de la COVID-19, tienes que ser flexible. Debemos tener claro que la pandemia nos ha traído restricciones que actualmente están en vigor, pero que van a ser habituales durante bastante tiempo.
  • Las necesidades del mercado han cambiado. Los hábitos de compra de los clientes han cambiado drásticamente. Es básico que tu empresa potencie su presencia virtual para acercarse a sus clientes, a los ya fidelizados y a los nuevos.

Esperamos que este post destinado a guiarte para que tu empresa pueda sobrevivir a la crisis de covid-19 te haya ayudado. De todas maneras, no olvides que nuestros asesores están a tu disposición para cualquier duda que te pueda surgir. Esta pandemia nos ha cambiado la vida, ¡pero lograremos vencerla!

Nuevo plan de medidas de apoyo a la liquidez y la solvencia de autónomos y empresas.

Se ha publicado el RDL 34/20 de medidas urgentes para apoyar la liquidez y la solvencia de empresas y trabajadores autónomos. El Gobierno tomó cartas en el asunto para tratar de apuntalar la liquidez y la solvencia de las empresas españolas ante una segunda ola de coronavirus. El nuevo paquete, entre otras cosas, flexibiliza los créditos avalados por el Estado, amplía la moratoria concursal, blinda a los sectores estratégicos ante inversiones foráneas, incorpora nuevas ayudas y facilidades tributarias.

Actualmente, existen dos líneas de financiación del ICO que están en vigor para que, tanto empresas como profesionales, puedan acceder a ella para solventar los problemas económicos y de liquidez derivados de la crisis del Covid19: Una de 100.000 millones de euros y otra de 40.000 millones de euros dirigida a sufragar inversiones. Esas líneas de financiación se podían solicitar hasta el 31 de diciembre de 2020, plazo que ahora ha sido ampliado por el Ejecutivo hasta el 30 de junio de 2021.

Asimismo, el plazo para la devolución de estos créditos ICO pasa de los tres años actuales hasta ocho años con la ampliación también del periodo de carencia de doce meses hasta veinticuatro meses.

Además, el Ejecutivo ha señalado que las entidades bancarias, que deberán responder a las solicitudes de ampliación en un plazo máximo de 30 días, no podrán aumentar de forma injustificada el tipo de interés ni exigir la contratación de productos vinculados.

Finalmente, con el objetivo de reducir los plazos de concesión de estos créditos, se facultará al ICO para que solicitar información de clientes que están recibiendo financiación avalada para consultar qué posiciones tienen en otros bancos. También se prevé una rebaja del 50% en los aranceles notariales y registrales al registrar las operaciones de ampliación y se autoriza al ICO a dirigirse directamente a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) para agilizar la comprobación de los impagados que le comuniquen las entidades financieras.

Requisitos para solicitar ampliación de carencia o amortización del ICO

Únicamente podrán verse beneficiados de la ampliación tanto de los periodos de carencia, como de los de amortización de estos créditos, aquellos que cumplan con los requisitos iniciales para la concesión de un crédito ICO.  Tener domicilio social en España, que se hayan visto afectados por los efectos económicos del COVID-19 y cumplan las siguientes condiciones:

– No pueden figurar en situación de morosidad en la consulta a los ficheros de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019.

– No pueden estar sujetos a un procedimiento concursal a fecha de 17 de marzo de 2020, bien por haber presentado solicitud de declaración de concurso, o por darse las circunstancias a que se refiere el artículo 2.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, para que el concurso sea solicitado por sus acreedores.

– Para demostrar que la caída de ingresos es debida a los estragos económicos ocasionados por la pandemia del Covid-19, han de acreditar que a 31.12.2019 no se encontraban en situación de crisis, conforme a los criterios establecidos en el artículo 2 (18) del Reglamento de la Comisión Nº 651/2018, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior.

– Por otra parte, es obligatorio que los préstamos y operaciones hayan sido formalizados o renovados a partir del 18 de marzo de 2020, y la financiación avalada no se podrá aplicar a la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes.

Además, la normativa obliga a que las entidades bancarias no hagan incrementos injustificados en los tipos de interés, ni se exija la contratación de un producto vinculado.

Blindaje a la inversión extranjera

Otra de las medidas del plan aprobado es la extensión hasta el 30 de junio del blindaje ante inversiones extranjeras que opera sobre sectores estratégicos. Así, hasta entonces, adquirir más del 10% de una cotizada española, o de no cotizadas cuando la operación supere los 500 millones, deberá contar con el visto bueno del Gobierno español.

En paralelo, a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), Economía ha creado una línea extraordinaria de cobertura de circulante por 1.000 millones, ha ampliado en 100 la línea de avales para pymes y no cotizadas, y ha creado otra de cobertura para cotizadas por 1.000 millones, hasta diciembre de 2021.

Moratoria concursal

Otra de las patas de actuación del plan es la extensión del 30 de octubre de 2020 hasta el 14 de marzo de 2021 en la suspensión de los procedimientos concursales voluntarios o necesarios, en la petición que hagan deudores y acreedores, respectivamente, y en su admisión por parte del juez.

En paralelo, la norma también se amplía el alcance temporal de las medidas de inadmisión a trámite por el juez de las solicitudes de incumplimiento de convenio que presenten los acreedores y de las solicitudes de incumplimiento de acuerdo de refinanciación.

Finalmente, la norma también eleva de 500 a 1.000 millones el umbral de cotización a partir del cual es obligatorio pasar del antiguo Mecanismo Alternativo Bursátil (MAB) al mercado continuo, a fin de evitar que las mayores exigencias de información que impone este último parqué termine por desincentivar a las empresas a seguir creciendo.

Aprobado el Proyecto de Ley que limitará los pagos en efectivo a 1.000 euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que iniciará ahora su trámite parlamentario. El proyecto de ley contiene cambios en diversas normas y figuras tributarias, tanto para incorporar el Derecho comunitario al ordenamiento interno como para implantar medidas que refuercen la lucha contra la elusión fiscal compleja y la economía sumergida.

Endurecimiento de la limitación de los pagos en efectivo

El proyecto de Ley modifica la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas que pasará de 2.500 a 1.000 euros, en el supuesto de operaciones entre empresarios.

La utilización de medios de pago en efectivo facilita los comportamientos defraudatorios y, es por ello, que se disminuye el límite general de este tipo de pagos. No obstante, para minimizar los efectos en pequeñas economías domésticas se mantiene el límite de 2.500 euros para los pagos realizados por particulares.

A su vez, se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España. Con ello, se persigue restringir estas operaciones que, al ser en efectivo, son más difícilmente rastreables y pueden facilitar, por tanto, el fraude.

Prohibición de amnistías fiscales

Otra medida que se contempla es la prohibición por ley de amnistías fiscales, que afectará a grandes fortunas y patrimonios. Se considera pertinente reconocer de forma expresa la prohibición de cualquier mecanismo extraordinario de regularización fiscal que implique la disminución de la cuantía de la deuda tributaria. Se impide así que haya beneficios tributarios injustificados que supongan la quiebra del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado.

Ampliación del listado de deudores de la Hacienda Pública

El proyecto de Ley disminuye de un millón a 600.000 euros, el importe cuya superación conlleva la inclusión en dicho listado. El objetivo es fomentar el ingreso de deudas por parte de los grandes deudores con la Hacienda Pública.

Asimismo, se incluye expresamente en la lista de deudores a la Hacienda Pública, junto a los deudores principales, a los responsables solidarios. Con ello se persigue que las implicaciones de aparecer en el listado alcancen en mayor medida a los verdaderos responsables de las deudas.

Lucha contra los paraísos fiscales

Otra medida incluida en el proyecto de Ley es la actualización y ampliación del concepto de paraíso fiscal que pasan a denominarse jurisdicciones no cooperativas, término utilizado internacionalmente.

El concepto de paraíso fiscal se amplía atendiendo a criterios de equidad fiscal y transparencia. Así, se incluirán en la lista de paraísos, por ejemplo, los territorios que faciliten la existencia de sociedades extraterritoriales para atraer beneficios sin actividad económica real, o aquellos donde haya opacidad y falta de transparencia, o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información sobre el titular real de los bienes o derechos, o donde exista una baja o nula tributación (hasta ahora sólo se incluía el concepto de nula tributación).

Asimismo, se incluirán los regímenes fiscales preferenciales que resulten perjudiciales, establecidos en territorios que facilitan el fraude, por ejemplo, regímenes que dan un trato de favor a los no residentes respecto a los residentes.

Además, se habilitará al Gobierno para actualizar la lista de paraísos fiscales, que deberá ser revisada periódicamente, con un enfoque dinámico.

Lucha contra el software de doble uso

También se establece la prohibición del denominado software de doble uso, que consiste en programas informáticos que permiten manipular la contabilidad. El objetivo es no permitir ni la producción ni la tenencia de programas y sistemas informáticos que posibiliten la manipulación de datos contables y de gestión.

Así, el proyecto de Ley exige que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten procesos contables o de gestión empresarial se ajusten a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de operaciones.

Se contempla la posibilidad de incluir especificaciones técnicas vía desarrollo reglamentario, incluyendo someterlo a certificación y se establece un régimen sancionador específico por la producción de estos programas o su tenencia sin la adecuada certificación.

Control de criptomonedas

Las nuevas circunstancias existentes en el mundo económico hacen necesario ajustar la Ley 7/2012 que introdujo la obligación de informar sobre bienes y derechos situados en el extranjero. En la actualidad, se hace necesario tener un mayor control sobre las criptomonedas y por eso se incorpora la obligación de informar sobre la tenencia y operativa con monedas virtuales, tanto situadas en España como en el extranjero si afecta a contribuyentes españoles.

De este modo, se exigirá información sobre saldos y titulares de las monedas en custodia. Además, se establece la obligación de suministrar información sobre las operaciones de adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos, con criptomonedas.

También se introduce la obligación de informar en el modelo 720 de declaraciones de bienes y derechos en el exterior, sobre la tenencia de monedas virtuales en el extranjero

Valor de referencia (ITPAJD, IP e ISD)

Dada la elevada litigiosidad existente en la valoración de los bienes y derechos afectados por estos impuestos, se lleva cabo una reforma para dar seguridad jurídica a contribuyentes y administraciones tributarias, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo.

En aras de la seguridad jurídica, en el caso de bienes inmuebles, el valor de referencia del Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales, de forma objetiva.

Ese valor de referencia de cada inmueble se basa en todas las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas y formalizadas ante fedatario. Se calcula con unas reglas técnicas justas y transparentes y se fijará por Catastro mediante un garantista procedimiento administrativo para su general conocimiento.

Medidas antielusión fiscal

Este proyecto de Ley también contempla la transposición de la Directiva europea antielusión fiscal, conocida como ATAD, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal, que inciden directamente en el mercado interior. La directiva incorpora varias de las materias tratadas en los informes de la OCDE del Plan de acción para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (Plan BEPS).

En este proyecto de Ley aprobado hoy, se incorporan a la legislación española, los ámbitos de la directiva concernientes a la Transparencia Fiscal Internacional (TFI) y a la imposición de salida o “Exit Tax”.

Por un lado, para reforzar la tributación en España de rentas que se venían localizando en territorios de baja fiscalidad, y así evitar su deslocalización.

Por otro lado, se persigue asegurar que las empresas que se trasladen a otro país no dejen de tributar por bases imponibles que legalmente deben quedar gravadas en España.

Así, con el “Exit Tax” se busca garantizar que, cuando una empresa traslade sus activos o su residencia fiscal fuera del Estado, dicho Estado grave el valor económico de cualquier plusvalía creada en su territorio, aun cuando la plusvalía en cuestión todavía no se haya realizado en el momento del traslado de activos. De este modo, se consigue que tributen en España las plusvalías generadas cuando una sociedad traslada su residencia fiscal al extranjero.

Cumplimiento voluntario de las obligaciones

Por otra parte, el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, contiene actuaciones para aligerar el volumen de litigiosidad con los contribuyentes y fomentar el pago voluntario. Se contemplan cambios en el régimen de reducciones aplicables a las sanciones tributarias y en el régimen de recargos para conseguir una mayor simplificación y favorecer el pago voluntario.

Asimismo, se incluyen medidas para reforzar el control de los operadores del juego, que deberán colaborar en la lucha contra el fraude en esta actividad. Se habilitan mecanismos para luchar contra la manipulación de las competiciones deportivas y combatir el fraude que puede producirse en las apuestas deportivas.

Régimen Económico y Fiscal del de canarias para reforzar la lucha contra el fraude

Además, el Consejo de Ministros ha acordado remitir al Parlamento Canario la modificación de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, incluida en el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Se trata de dos medidas relativas al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). En primer lugar, se incorporan las modificaciones incluidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en materia de responsabilidad tributaria en el ámbito de las liquidaciones aduaneras.

Por otra parte, la normativa del Impuesto General Indirecto Canario ha establecido la llevanza de los libros registros del referido Impuesto a través de la sede electrónica Agencia Tributaria Canaria, mediante el suministro de los registros de facturación. Por este motivo, se tipifica como infracción tributaria el retraso o incumplimiento de tal obligación y se establece la sanción tributaria correspondiente.

Este Acuerdo se remite al Parlamento Canario, según se contempla en el Estatuto de Autonomía de Canarias, en el que se establece que la modificación del Régimen Económico y Fiscal del archipiélago requiere informe previo del Parlamento Canario.

Qué son las operaciones vinculadas.

Las operaciones vinculadas son aquellas relaciones mercantiles que se desarrollan por personas físicas o jurídicas con algún tipo de unión entre sí y, en un intento por evitar el fraude fiscal, hay que declararlas en el Modelo 232. ¿Sabes si estás obligado?

¿Qué es una operación vinculada?

Las operaciones vinculadas son aquellas que realizan las entidades o personas físicas entre ellas y tienen un contenido económico. Se considerarán personas o entidades vinculadas las siguientes:

– Una entidad y sus socios o partícipes.

– Una entidad y sus consejeros o administradores, salvo en lo correspondiente a la retribución por el ejercicio de sus funciones.

– Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes, consejeros o administradores.

– Dos entidades que pertenezcan a un grupo.

– Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.

– Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25 por ciento del capital social o de los fondos propios.

– Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 por ciento del capital social o los fondos propios.

– Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el extranjero.

¿Quiénes están obligados a presentar el modelo 232?

Estarán obligados a presentar el modelo 232 y cumplimentar la información de operaciones con personas o entidades vinculadas los contribuyentes del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes que actúen mediante establecimiento permanente, así como las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, que realicen las siguientes operaciones con personas o entidades vinculadas en los términos previstos en el artículo 18.2 de la LIS:

– Operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada siempre que el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones en el periodo impositivo supere los 250.000 euros, de acuerdo con el valor de mercado.

– Operaciones específicas, siempre que el importe conjunto de cada una de estas operaciones en el periodo impositivo supere los 100.000 euros.

– Cuando existan operaciones del mismo tipo que a su vez utilicen el mismo método de valoración, siempre que el importe del conjunto de dichas operaciones en el periodo impositivo sea superior al 50% de la cifra de negocios de la entidad.

– Si se aplica la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles, al haber obtenido rentas como consecuencia de la cesión de determinados intangibles a personas o entidades vinculadas.

– En aquellos casos en que el contribuyente realice operaciones o tenga valores en países o territorios calificados como paraísos fiscales independientemente de su importe.

¿Cuándo no es obligatorio cumplimentar la información de operaciones con personas o entidades vinculadas del modelo 232?

No será obligatorio respecto de las siguientes operaciones:

1. Las realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de consolidación fiscal, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 65.2 de la LIS.

2.
Las realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes del mismo grupo de consolidación fiscal por las agrupaciones de interés económico, las uniones temporales de empresas y las sociedades de desarrollo industrial regional. No obstante, sí que deberán presentar el modelo 232 en el caso de uniones temporales de empresas, o fórmulas de colaboración análogas a las uniones temporales, que se acojan al régimen establecido en el artículo 22 de la LIS.

¿Cuál es el plazo de presentación del modelo 232?

El modelo 232 debe presentarse durante el mes once tras la conclusión del periodo impositivo. Es decir, para aquellas empresas cuyo cierre de ejercicio fiscal sea 31 de diciembre, el plazo de presentación del modelo 232 es del 1 al 30 de noviembre de cada año.

La presentación tiene que realizase en formato electrónico a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, y debe contener información sobre:

– Operaciones con personas o entidades vinculadas.

– Operaciones con personas o entidades vinculadas en caso de aplicación de la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles (Patent Box).

– Operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios considerados paraísos fiscales.

¿Cómo se presenta el modelo 232?

Obligatoriamente debe presentarse por vía electrónica, bien a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o bien desde la página de la Agencia Tributaria. Esta presentación puede ser realizada por:

– Los contribuyentes del impuesto o, en su caso, sus representantes legales.

– Los representantes voluntarios de los obligados tributarios con poderes o facultades para presentar electrónicamente en nombre de los mismos declaraciones y autoliquidaciones ante la Agencia Tributaria o representarles ante esta.

– Las personas o entidades que ostenten la condición de colaboradores sociales en la aplicación de los tributos.

¿Puede comprobar la Agencia Tributaria las valoraciones de las operaciones vinculadas declaradas?

La Administración tributaria podrá comprobar que las operaciones declaradas entre personas o entidades vinculadas se han valorado por su valor normal de mercado y efectuará, en su caso, las correcciones valorativas que procedan respecto de las operaciones sujetas a este impuesto, al IRPF o al impuesto sobre la renta de no residentes que no hubieran sido valoradas por su valor normal de mercado, con la documentación aportada por el sujeto pasivo y los datos e información de que disponga.

¿Cómo proceder frente a los embargos de Hacienda?

El cobro de las deudas tributarias es un poder atribuido a la Administración. Las entidades financieras están autorizadas para desempeñar el servicio de caja en administraciones y delegaciones.

Aunque no tienen responsabilidad en la gestión ni son consideradas órganos de recaudación, sí actúan como entidades colaboradoras a la hora de recaudar los impuestos.

La recaudación de estos tributos puede realizarse en periodo voluntario o en periodo ejecutivo. Sin embargo, cuando los pagos no se abonan en estos tiempos, la Administración puede proceder al embargo de los bienes del contribuyente hasta satisfacer por completo la deuda.


Pago de los impuestos en periodo voluntario

Todos tenemos un plazo para realizar nuestros pagos de nuestros impuestos a Hacienda. Estos pagos se realizan por iniciativa propia. Las liquidaciones practicadas por la Administración deben abonarse en periodo voluntario. Cuando el contribuyente no abona la deuda en periodo voluntario, se inicia la recaudación en periodo ejecutivo. La recaudación se efectúa por el procedimiento de apremio, mediante la notificación de una providencia de apremio que es el acto de la Administración que ordena la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Recargos periodo ejecutivo

Hay tres tipos de recargos en este tiempo:

– Ejecutivo: es un recargo del 5% y se aplica cuando se satisface la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario, antes de la notificación de la providencia de apremio.

– De apremio reducido: este recargo del 10% se asigna cuando se satisface la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo, antes de que finalice el plazo previsto para el ingreso de las deudas en periodo ejecutivo notificadas mediante providencia de apremio.

– De apremio ordinario: se aplica un recargo del 20% cuando no correspondan los dos recargos anteriores, es decir, cuando el abono se produce después de haber finalizado el plazo para el pago en periodo ejecutivo.

Estos recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario. El único recargo que es compatible con los intereses de demora es el recargo de apremio ordinario (con el 20%).

El procedimiento del embargo de los bienes del deudor

Si finalizado el plazo estipulado en la providencia de apremio el contribuyente no abona su deuda tributaria, se dicta una Providencia de Embargo de sus bienes. De ese modo se procede al cobro de las cantidades que debe, el recargo de apremio, los intereses y, en su caso, a las costas del procedimiento de apremio producidas.

En el proceso de embargo de Hacienda se determina los bienes inembargables, los bienes embargables y el orden en el que se efectúan los embargos. Según la normativa, el embargo de bienes se lleva a cabo en el siguiente orden:

– Dinero en efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito. Si existe alguna cuenta cuya titularidad corresponde a varias personas, solo se embarga la parte que atañe al deudor.

– Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo (a menos de 6 meses). Pueden ser enajenados con independencia de la fecha de amortización definitiva. La venta se realiza a través de los mercados secundarios oficiales en las mejores condiciones posibles y debe comprender un número de valores que cubra el importe total de la deuda.

– Sueldos, salarios y pensiones. Estos conceptos están destinados a financiar las necesidades elementales del deudor. De acuerdo con el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es inembargable el salario, sueldo, jornal, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

– Bienes inmuebles. Para poder embargar un inmueble es necesario que sea propiedad del deudor. Si un bien propiedad del deudor, según escritura pública, no consta a su nombre en el Registro, por no haberlo presentado, Hacienda puede instar a su inscripción y después embargarlo. Según el artículo 140 del Reglamento Hipotecario, en un primer momento se suspende el embargo y se toma anotación de la suspensión y, más tarde, se requiere al que se considere dueño para que inscriba su dominio y, en caso de negarse, se puede solicitar de forma judicial.

– Intereses y rentas. Si lo embargado son rentas obtenidas por empresas o actividades comerciales, industriales y agrícolas, se puede nombrar un administrador o interventor. Cuando las rentas que se tienen intención de embargar corresponden a los derechos de explotación de una obra protegida por la Ley de Propiedad Industrial, se consideran salarios.

– Establecimientos mercantiles o industriales. Se extiende una diligencia, donde consten inventariados todos los bienes y derechos existentes en cada establecimiento embargado, así como los útiles que se embargan. Además, se debe hacer la anotación preventiva de embargo en el Registro de Bienes Muebles.

– Joyas, metales preciosos y antigüedades.

– Bienes muebles. El artículo 92.4 del Reglamento de facturación, relativo al embargo de automóviles, camiones, motocicletas, embarcaciones, aeronaves u otros vehículos, señala que se notifica el embargo al deudor para que en un plazo de 5 días lo ponga a disposición de los órganos de recaudación, con su documentación y llaves. Si no lo hace, se da orden a las autoridades para la captura, depósito y precinto de estos bienes.

– Créditos realizables a largo plazo (a más de 6 meses). El embargo se lleva a cabo mediante una diligencia de embargo que debe identificar los valores conocidos por la Administración y comprende un número de valores que cubra el importe total de la deuda.


Qué bienes son inembargables

Son inembargables el mobiliario y el menaje del hogar, además de las ropas del deudor y de su familia, que no puedan considerarse superfluos. En general, los bienes como alimentos, combustible y otros que, a juicio del tribunal, resulten imprescindibles para que el deudor y las personas que de él dependen puedan atender con dignidad a su subsistencia.

Asimismo, los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el deudor son inembargables cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada.

Otros haberes inembargables son los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones legalmente registradas, las cantidades expresamente declaradas inembargables por Ley y los bienes declarados inembargables por los Tratados ratificados por España.


Cómo actuar ante embargos de Hacienda

Lo primero que tienes que hacer cuando te embargan es solicitar el expediente administrativo. En él puedes verificar si se ha seguido el procedimiento de forma legal y ver si el embargo está justificado.

En el caso de que se haya incumplido el procedimiento, puedes impugnarlo interponiendo los recursos procedentes.

Si has agotado todas las vías de recursos administrativos, puedes interponer un recurso contencioso administrativo en la sede judicial.

¿Has avisado a Hacienda de que te vas de vacaciones?

Aunque Hacienda nunca descansa, concede a los contribuyentes 30 días de vacaciones fiscales en los que evitará enviar notificaciones electrónicas.

Por eso, antes de irte de vacaciones es conveniente solicitar los días de cortesía y avisar a Hacienda.

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria dispone de un servicio en Internet que te ofrece la posibilidad de recibir notificaciones y comunicaciones administrativas por medios telemáticos en una Dirección Electrónica Habilitada (DEH) para toda la Administración General del Estado.

Asociado a la Dirección Electrónica Habilitada, dispones de un buzón electrónico en el que recibirás las notificaciones electrónicas correspondientes.

Están obligatoriamente suscritos a este sistema, entre otros:

– las Sociedades Anónimas y Limitadas

– personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica como sociedades civiles y comunidades de bienes, herencias yacentes y comunidades de propietarios

Los autónomos y demás personas físicas podrán acogerse voluntariamente a este sistema. Elegirán los procedimientos de notificaciones electrónicas a los que se desean suscribir.

¿Quién puede solicitar que no le envíen notificaciones en vacaciones?

Los obligados tributarios que, con carácter obligatorio o voluntario, estén incluidos en la DEH.

Si estás obligado a la recepción electrónica de notificaciones, afectará a todas las notificaciones de la AEAT en procedimientos tributarios y en la gestión recaudatoria de otros entes públicos.

Si tu inclusión en la DEH es voluntaria, sólo podrás solicitarlos para los procedimientos a los que te hayas suscrito para la recepción de notificaciones.

¿Y si las notificaciones son en mi domicilio?

Cuando Hacienda envía una notificación tributaria al domicilio del contribuyente y éste está ausente, AEAT la considera notificada a todos los efectos, después del segundo intento de entrega. El problema que plantea este hecho es que para cuando el contribuyente se entere de la notificación, ya no esté en plazo recurrir y no pueda defenderse.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en una sentencia con fecha 13 mayo del 2015. Aunque el TS no quita validez formal a las notificaciones enviadas en el mes de agosto, si “puede no dar validez a las notificaciones realizadas en el mes de agosto y en el domicilio del interesado cuando en virtud de las circunstancias concurrentes llega a la convicción de la notificación no ha llegado a conocimiento del interesado”.

Cuando el contribuyente se encuentre en esta situación, puede interponer una reclamación  ante los tribunales económico-administrativos, argumentando y justificando que por encontrarse ausente del domicilio fiscal, no ha recibido dicha notificación y no ha conocido de su existencia, para poder realizar las acciones pertinentes.

Aspectos a tener en cuenta

– 30 días naturales

Se podrán señalar hasta 30 días naturales al año. No tienen que ser consecutivos, los puedes agrupar como quieras.

– 7 días de antelación

Deberás solicitarlos con una antelación mínima de 7 días naturales al primer día en que surtirán efecto.

– Modificaciones

Una vez señalados podrán modificarse, excepto los 7 días próximos a la fecha de modificación.

– Sábados y domingos

Al tratarse de días naturales, los sábados y domingos también se cuentan como período de notificación, por lo que los tendrás que sumar a la hora de seleccionar los días.

– No se consideran días inhábiles

Si el día anterior del período señalado recibes una notificación electrónica, se entenderá notificada una vez transcurridos 10 días desde la recepción de la misma, pudiendo coincidir con un día de cortesía AEAT.

– Dilación del procedimiento

El retraso en la notificación derivado del señalamiento de los días de vacaciones fiscales, se considera dilación no imputable a la Administración.

– Hacienda podrá notificarte en papel

Cuando los días de cortesía resulten incompatibles con la inmediatez o celeridad que requiera la actuación administrativa para asegurar su eficacia, la AEAT podrá notificarte por los medios tradicionales.

Prórroga de los ERTES hasta el 30 de septiembre.

El Consejo de Ministros ha aprobado en una reunión extraordinaria un Real Decreto-ley por el que se prorrogan hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) asociados al Covid-19.

El II Acuerdo Social en Defensa del Empleo establece la prórroga de los ERTES hasta el próximo 30 de septiembre, prolongándose muchas de las condiciones ya establecidas en la anterior prórroga, pero con las siguientes novedades en materia de exoneración de cuotas a la Seguridad Social.

Exoneración de cuotas a la Seguridad Social

En la nueva prórroga de los ERTES hasta el 30 de septiembre de 2020, se establecen las siguientes exoneraciones de cuotas para las empresas que estén en ERTE por causas de fuerza mayor total y vayan pasando a un ERTE por causas de fuerza mayor parcial:

– Para empresas de menos de 50 trabajadores: Exoneración del 60% de cotizaciones sociales respecto a trabajadores que estén en activo durante los meses de julio, agosto y septiembre y exoneración del 35% respecto de trabajadores que sigan en ERTE en estos meses.

– Para empresas de 50 o más trabajadores: Exoneración del 40% de cotizaciones sociales respecto de trabajadores que estén en activo y exoneración del 25% para los que sigan en ERTE.

Se establece que las empresas que estén actualmente en ERTE por causa de fuerza mayor total o parcial pasarán a un ERTE de transición, un ERTE por causas ETOP, hasta el 30 de septiembre de 2020. En esta situación se establecen las siguientes exoneraciones de cotizaciones sociales:

– Empresas de menos de 50 trabajadores: Exoneración decreciente en las cotizaciones de sus empleados del 70% en julio; 60% en agosto y 35% en septiembre.

– Empresas de 50 o más trabajadores: Exoneración decreciente en las cotizaciones de sus empleados del 50% en julio; 40% en agosto y 25% en septiembre.

Estos ERTES de transición se tramitarán una vez que se obtenga el informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y una vez informado a los representantes de los trabajadores.

El procedimiento sería el siguiente: empresas que ahora mismo estén en ERTE por causas de fuerza mayor total pasarán a un ERTE por causas de fuerza mayor parcial con las primeras exenciones y desde ahí pasarán a un ERTE por causas ETOP con las segundas exenciones.

Se mantiene la prohibición de despidos para empresas acogidas a ERTE

Las empresas deberán mantener el empleo, un mínimo de 6 meses, cuando se hayan beneficiado de las exoneraciones de cotizaciones sociales al estar en ERTE.

Además, tampoco se permitirá que los trabajadores realicen horas extraordinarias ni que la empresa contrate a trabajadores de forma directa ni a través de ETT, salvo que su contratación esté suficientemente motivada y justificada, ni tampoco repartir dividendos durante 2020.

Mayor protección a empresas y trabajadores en caso de posibles rebrotes

El fin del Estado de Alarma ha provocado que, en los últimos días, se den a conocer nuevos rebrotes en diferentes puntos de la geografía española. Esto ha llevado a que en el II Acuerdo Social en Defensa del Empleo se establezca que las personas afectadas por ERTES por causas de fuerza mayor o ERTES por causas ETOP derivados del COVID-19 o los tramitados en caso de rebrote, les reconocerá la prestación aun cuando no acrediten periodo de cotización previo y se les aplicará el contador a 0.

Asimismo, el acuerdo contempla que las empresas que ya hayan reanudado su actividad pero que se vean obligadas a cerrar como consecuencia de rebrotes, podrán volver a acogerse a un ERTE por causa de fuerza mayor con una exoneración de cuotas del 80% para empresas de menos de 50 trabajadores y del 70% si tienen 50 o más trabajadores.

Las prestaciones por desempleo para trabajadores se mantienen

Los trabajadores afectados por un ERTE seguirán cobrando con normalidad su prestación por desempleo hasta el 30 de septiembre y, en el caso de los trabajadores fijo – discontinuos, lo harán hasta el 31 de diciembre.

Nuevas medidas en el ámbito de empleo y Seguridad Social.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes que prorroga la vigencia de algunas de las normas ya adoptadas para paliar el impacto económico causado por el COVID-19 y establece otras nuevas para diferentes sectores.

Prórroga de las medidas de flexibilización del empleo agrario

El Real Decreto – Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, permitía la contratación de desempleados, inmigrantes y jóvenes extranjeros para el sector agrario con el firme objetivo de poner fin a la escasa mano de obra y trabajadores en el campo, como consecuencia de la crisis del Coronavirus y evitar así el desabastecimiento de alimentos.

Asimismo, los salarios percibidos por estos trabajos podrían ser compatibles con prestaciones por desempleo o por cese de actividad.

La vigencia de esta medida era hasta el 30 de junio de 2020 y con el Real Decreto – Ley 19/2020 se prorroga esta medida hasta el 30 de septiembre de 2020.

Para ello, las empresas y empleadores deberán comunicar a los servicios públicos de empleo autonómicos, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su concertación, las contrataciones cuya vigencia se acuerde prorrogar, indicando la nueva fecha de finalización.

Baja por contingencia profesional para trabajadores que prestan servicios sanitarios y se hayan contagios por COVID19

Se incluye dentro de la baja por contingencia profesional a los trabajadores que prestan servicios en centros sanitarios o socio – sanitarios y que se hayan contagiado por COVID-19. Hasta el momento no era así, sólo se estaba considerando este motivo para el resto de trabajadores.

Esto afectará a los contagios producidos hasta un mes después del fin del Estado de Alarma, debiendo aportar el correspondiente parte de accidente de trabajo y en el caso de fallecimiento, si éste se ha producido hasta cinco días después del contagio, se considerará accidente de trabajo.

Novedades en materia de presentación del Impuesto sobre Sociedades

El Real Decreto – Ley establece una serie de modificaciones y novedades en materia de presentación del Impuesto sobre Sociedades para los contribuyentes que se ajusten para la formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio a lo dispuesto en los artículos 40 y 41del Real Decreto – Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

El plazo de presentación para los contribuyentes que formulen y aprueben cuentas anuales atendiendo al artículo 40 y 41 del Real Decreto – Ley 8/2020 se mantiene hasta el 25 de julio de 2020. No obstante, si a la finalización de este último plazo, las cuentas anuales no hubieran sido aprobadas por el órgano correspondiente, la declaración se realizará con las cuentas anuales disponibles.

En el caso de que la autoliquidación del Impuesto que deba resultar con arreglo a las cuentas anuales aprobadas por el órgano correspondiente difiera de la presentada con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, los contribuyentes presentarán una nueva autoliquidación con plazo hasta el 30 de noviembre de 2020.

Esta nueva autoliquidación tendrá la consideración de complementaria, si de ella resultase una cantidad a ingresar superior o una cantidad a devolver inferior a la derivada de la autoliquidación anterior efectuada. La cantidad a ingresar resultante devengará intereses de demora.

En el resto de casos, la nueva autoliquidación producirá efectos desde su presentación, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 120 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en los artículos 126 y siguientes del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, ni se limiten las facultades de la Administración para verificar o comprobar la primera y la nueva autoliquidación.

En el caso de devolución de cantidades, se aplicará el artículo 127 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. A estos efectos el plazo de los 6 meses se contará a partir de la finalización del plazo establecido en el apartado anterior para la presentación de la nueva autoliquidación. Cuando de la rectificación, resulte una cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso efectivo en la autoliquidación anterior, se devengarán intereses de demora sobre dicha cantidad desde el día siguiente a la finalización del plazo voluntario de declaración hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.

Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda. En particular, no se derivará ningún efecto preclusivo de las rectificaciones.

Prórroga del aplazamiento de deudas tributarias para pymes y trabajadores autónomos

El Real Decreto – Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, estableció un aplazamiento de deudas tributarias para pymes y trabajadores autónomos siempre que éstas no superaran los 30.000 euros. Este aplazamiento era de 6 meses, cuyos tres primeros meses no traían consigo intereses de demora.

El Gobierno, con el Real Decreto 19/2020 ha ampliado en 30 días más el aplazamiento con 30 días más sin generar intereses de demora. De este modo, se podrá solicitar un aplazamiento de hasta 7 meses con 4 meses sin intereses de demora.